Los concejos y las Asambleas NO son órganos legislativos

Ni los Concejos Municipales, ni las Asambleas Departamentales hacen parte de la Rama Legislativa de la República de Colombia. Así lo confirma, principalmente, la propia Constitución Nacional de Colombia cuando, en su Artículo 312 esboza que “En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de tres años que se denominará concejo municipal, integrada por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva”. A su vez, en la propia Constitución, en el Titulo VII referente a la Rama Legislativa del Poder Público, no se hace mención alguna a estos entes anteriormente mencionados.

Así, es claro entonces cómo tanto el Concejo como la Asamblea tienen una función más administrativa, en tanto que, por medio de los Acuerdos Municipales y las Ordenanzas Departamentales reglamentan el uso de los recursos públicos y ejercen un control sobre los Alcaldes y Gobernadores, respectivamente.

Me permito entonces citar textualmente al Doctor Pedro Alfonso Hernández, autor del texto El Concejo Municipal, que apoya la capacitación de los Concejales y Concejalas de Colombia, y que habla acerca de la común confusión que suscita la función de este órgano Administrativo. Dice Hernández que “(…) Esta característica es una consecuencia de la forma de Estado en Colombia, organizado como república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, en donde los departamentos, distritos y municipios El Concejo Municipal pertenecen a la rama ejecutiva del poder público y participan, por principio, en el cumplimiento de la función administrativa del Estado. Lo anterior significa que las entidades territoriales no tienen a su cargo, por principio, el cumplimiento de las demás funciones esenciales del Estado. Es decir, los departamentos, distritos y municipios no tienen asignadas funciones de carácter constitucional, legislativo, judicial ni electoral. Por esta razón es impreciso denominar al concejo como “el legislador municipal”, tal como en ocasiones lo expresan algunos de sus integrantes.”

Sin embargo, y sin dejar de cumplir sus funciones administrativas, estas corporaciones en algunos casos pueden llegar a cumplir acciones que parecieran de carácter legislativo, como por ejemplo la determinación de los elementos del tributo, cuando éstos no son definidos por el legislador. Para estos casos, el Doctor Hernández, en el mismo texto anteriormente citado, nos dice que “Esta situación se ha presentado en ocasiones en la aprobación legislativa de estampillas pro-desarrollo regional, sectorial o institucional, donde el Congreso deja a las corporaciones públicas territoriales el señalamiento del sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable o la tasa impositiva. Este ejemplo permite exponer una conclusión provisional en relación con la organización de los Estados y es la siguiente: Aunque en el derecho constitucional comparado existen parámetros generales de referencia acerca de las figuras jurídicas que se empleen en la organización del poder público, como es el carácter federal, unitario o regional, cada Estado tiene su propia forma de organización que bien puede alejarse de tales parámetros básicos, sin que por ello abandone su vocación federal o unitaria. En otras palabras, el hecho de afirmar que en Colombia los concejos cumplen excepcionalmente funciones de vocación legislativa, no significa que deje de ser una República unitaria, solamente que en estos aspectos se distingue del formato de Estado unitario que domina la literatura jurídica extranjera sobre la materia, en la medida en que no existe moldes únicos e inmodificables sobre tipos de Estado, que deban ser asumidos plenamente por los pueblos que opten por una u otra opción de organización política”

Por lo tanto, y ya para terminar, nos queda claro que, aún teniendo algunas funciones que podrían ser consideradas como netamente legislativas, son los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales unos órganos descentralizados de la Rama Ejecutiva, con autonomía y poder Administrativo. La función Legislativa, por mandato expreso de la Constitución Nacional y la Ley, es exclusiva del Congreso, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República.